Fecha de presentación: 16/01/2020 Fecha de aceptación: 4/03/2020 Fecha de publicación: 30/04/2020

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Ramírez Sierra, J. C., Lefont Marín, L. & Travieso Martínez, M. T. (enero-abril, 2020). Identidad y políticas públicas: notas desde el referente epistémico. Revista Márgenes, 8(1), 104-118. Recuperado de http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/margenes/issue/view/1033

TÍTULO: IDENTIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS: NOTAS DESDE EL REFERENTE EPISTÉMICO

TITLE: IDENTITY AND PUBLIC POLICIES: NOTES FROM THE REFERENT EPISTEMIC

Autores: MSc. Juan Carlos Ramírez-Sierra¹, MSc. Lisandra Lefont-Marin², MSc. María Teresa Travieso-Martínez³

¹ Máster en Ciencias Políticas, Profesor Instructor, Departamento de Historia, Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Cuba. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6550-1357 Correo electrónico: jcramirez@uniss.edu.cu

² Máster en Ciencias Políticas, Profesor Instructor, Departamento de Formación y Desarrollo, Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Cuba. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6629-3748 Correo electrónico: lizzy@uniss.edu.cu

³ Máster en Ciencias Industriales, Profesora Auxiliar, Departamento de Formación y Desarrollo, Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Cuba. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-9269 Correo electrónico: mariateresa@uniss.edu.cu

RESUMEN

Debido a la importancia que van adquiriendo en la actualidad las políticas públicas como instrumento que viabilizan una gestión gubernamental eficaz y pertinente, sobre todo en los espacios locales, los estudios sobre la temática se complejizan, tocando dimensiones hasta el momento desconocidas o ignoradas e incorporando variables de análisis antes relegadas a esferas secundarias. Uno de los elementos que paulatinamente ha ganado espacio dentro de la disciplina de políticas públicas es la categoría identidad como principio para la comprensión de las pautas decisionales de los sujetos. Su análisis, como proceso al interior de los ejercicios de toma de decisiones, evidencian el carácter multifactorial del mismo, atendiendo a la diversidad en cuanto a estratos sociales, sectores laborales, intereses, referentes identitarios, creencias, metas y proyectos de vida de los sujetos que conforman la realidad. Estos elementos definen los cursos de acción seguidos por las políticas públicas, al jerarquizar el componente axiológico frente a la racionalidad económica. La inclusión de la categoría identidad en los estudios de políticas públicas evidencia que estas no son modelos extrapolables puesto que, en cada proceso, los individuos están condicionados por estilos de vida, formas de organización, distribución de roles y motivaciones diferentes que originan su accionar.

Por tanto, el objetivo del presente artículo es analizar a la identidad como un fundamento que determina los cursos de acción a seguir en el diseño e implementación de políticas públicas.

Palabras clave: políticas públicas; identidad; epistemología; administración pública.

ABSTRACT

Public policies are currently growing in importance as an instrument to facilitate the effectiveness and pertinence of a government administration, especially in local spaces. Thus, studies on the subject are becoming more complex dealing with previously unknown or disregarded dimensions and incorporating variables of analysis which had been relegated to the background. Identity is one of the increasingly relevant categories within the discipline of public policies as a principle for understanding the decisive guidelines of the subjects. Its analysis, as a process included in the decision-making exercises, highlights its multifactorial nature in terms of social strata, working sectors, interests, identity references, beliefs, goals and future plans of real life subjects. These elements define the courses of action followed by public policies, by prioritizing the axiological component over the economic one. The inclusion of the identity category in public policy shows that these studies are not extrapolated models since, in each process, individuals are conditioned by lifestyles, forms of organization, roles distribution and different motivations which determine their actions.

The objective of this paper is to analyze identity as a foundation determining the courses of action in the design and implementation of public policies.

Keywords: public policies; identity; epistemology; public administration.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda permanente de asideros teóricos para viabilizar alternativas ante las urgencias que afectan a la comunidad global, traducida en praxis cotidiana que se constituye institucionalmente en el tejido social, deviene marco de referencias mínimas con potencialidades para identificar la gestión académica y la reproducción de la vida de grupos humanos específicos. Para los pueblos en vía de desarrollo, la crítica representa una necesidad primaria y su ejercicio consciente, organizado y sostenido adquiere dimensión de particularidad fundamental que puede llegar a definir su existencia. La crítica epistémica, entendida como la justipreciación rigurosa y reveladora de teorías, enfoques, concepciones, modelos investigativos, tradiciones de pensamiento y perspectivas de análisis, es el resultado de la actividad creadora y valorativa en donde se conjugan la capacidad de elección coherente, la voluntad de superar los obstáculos que frenen el libre desarrollo de las aptitudes de la comunidad a la que se pertenezca y el cultivo cuidadoso y comprometido del pensamiento.  

Como función de toda ciencia, esta forma particular de la crítica, contribuye al análisis de los contenidos específicos en áreas del conocimiento y de esquemas de actuaciones delineados por valores y concepciones emergentes en el proceso de enjuiciamiento de otros objetos criticados. El ejercicio de la crítica despoja al fenómeno de sus apariencias y aproxima cada vez más la posibilidad de captar sus regularidades, contradicciones y tendencias, expresadas en el movimiento propio de las manifestaciones que constituyen la realidad. Su alcance es irreductible a la producción de círculos académicos y profesionales del conocimiento. Si bien el ámbito de la ciencia es un espacio idóneo para la gestación de la crítica, este no se encuentra aislado de las relaciones sociales globales que marcan su evolución. Sus resultados por otro lado, competen al continuo proceso de enriquecimiento de todos los seres humanos que constituyen las sociedades actuales y futuras (Guadarrama, 2018).

Por tanto, el objetivo del presente artículo es analizar a la identidad como un fundamento que determina los cursos de acción a seguir en el diseño e implementación de políticas públicas.

DESARROLLO

El proceso de formación de la crítica a nivel individual toca una fibra sensible en la propia condición humana: el modo de concebir el mundo y entenderse a sí mismo como un ser diferenciado con capacidad de realizarse en términos identitarios. Aunque en el imaginario del sujeto no exista una conciencia precisa de los límites en los que se reproduce este proceso sumergido en el metabolismo de su existencia cotidiana, los rudimentos de aquella subsisten y afloran en las prácticas ordinarias, mediante las cuales se constituye su vida en sociedades complejas. La crítica, como la identidad, es un proceso de creación, asunción, discriminación y afirmación constante, de autorreconocimiento permanente a través de los rasgos adquiridos o producidos culturalmente

El movimiento social en el que emergen presupuestos e ideas básicas definidas en la actividad de la crítica epistémica garantiza la realización de la ciencia como un proceso sociohistórico que puede llegar a abarcar todas las costuras de la sociedad; la retroalimentación constante de las ciencias particulares a partir de los usos y la reconstrucción de sentidos por parte de las experiencias cotidianas y el engrosamiento, revestido como factualidad identitaria, de otras formas y expresiones de la crítica que se ven alimentadas por aquella. Si la crítica total constituye uno de los fundamentos esenciales de las revoluciones científico-técnicas, artístico-literarias, filosófico-cosmovisivas y político-sociales y estas, se orientan hacia el encuentro de los pueblos consigo mismos, hacia el reconocimiento de sus facultades y potencialidades inherentes, entonces la crítica deviene en catalizador, en ejercicio consciente que cristaliza y ampara la formación, transformación y permanencia de identidades específicas.

Ahora bien, es preciso acotar -para los lectores menos familiarizados con actividades científicas- que la crítica no es descalificación, anulación, decapitación o simplificación. No es la exaltación de aquellos atributos de signos negativos presentes en fenómenos o procesos que atenten, incluso siéndoles propios, contra su existencia o su buen funcionamiento. El acto de anatemizar, detractar o cuestionar, aludiendo y ponderando estos elementos, solo conlleva a la construcción y despliegue de identidades tóxicas y asesinas (Maalouf, 1999), que desarticulan procesos de coexistencia pacífica, la posibilidad de establecer vínculos armoniosos y sostenibles entre grupos humanos diversos y la superación de contradicciones que emerjan en el seno de estos grupos o en pueblos determinados por causas endógenas o exógenas. Las formulaciones en esta dirección se agotan por su esterilidad, pues en la mayoría de los casos, favorecen la deformación del objeto analizado y llegan a consumirse a sí mismas.

El ámbito más sensible y abarcador -donde convergen la crítica como expresión racional de los límites y alcances de las libertades existentes y la identidad en tanto substanciación ontológica de singularidades históricas que definen en lo espiritual y lo material a un pueblo, una clase social u otro grupo humano en particular- reside justamente en la política. Identidad y crítica, entendidas como hechos sociales, forman parte de la política en condición de expresiones o momentos que se distancian y aproximan, según las circunstancias, en un mismo movimiento totalizador que brindará el marco posible para la realización o inmovilización de los sujetos que conforman las diversas comunidades actuales (Torres, 2018).

La política da lugar al ejercicio de la crítica a través de sus dos dimensiones fundamentales: la teórica, a partir de su existencia como campo del conocimiento que integra los estudios en torno al poder, las instituciones y el ciudadano en su constitución identitaria diversa como sujeto y fuente de la soberanía y la práctica, referida a la convergencia y los conflictos que se generan por alcanzar, mediante el poder y las instituciones públicas involucradas, los beneficios a que aspiran los distintos grupos sociales en competencia. La presencia de la crítica en ambas dimensiones demuestra que no hay política sin crítica y que esta es imprescindible para que aquella pueda desplegarse en todas sus posibilidades.

Tanto la teoría como la práctica de la política se ven ligadas, integradas en una misma y enriquecida praxis, a través de la crítica permanente que representa la concepción e implementación de políticas públicas. Asumidas como una forma de organizar y orientar la gestión gubernamental hacia el bien público, proveniente de las exigencias y complejidades expuestas por la diversificación y acumulación de contradicciones a las que se enfrentan las administraciones actuales (Lefont, 2018), las políticas públicas se muestran como la antítesis de las formas tradicionales de producir y ejecutar el ejercicio de gobierno. La política tradicional funciona -y en esto reside la crítica y superación por parte de las políticas públicas- a través de una homologación tendencial y acelerada con la lógica bancaria.

Los bancos en el capitalismo concentran el poder financiero, trazan estrategias conforme a sus necesidades y al crecimiento neto de sus ganancias. Se encuentran amparados de normas jurídicas vinculantes para el resto de la sociedad. En consecuencia, llegan a utilizar, si es preciso, el aparato represivo contra el pueblo, sin violar los términos legales (Casara, 2018). Brindan un servicio asistencial y definen las formas de pago e intereses a corto, mediano y largo plazo. Por su lado, los ciudadanos se encuentran en circunstancias de relativa sujeción, de servidumbre calculada. El banco decide y el ciudadano acepta como consumidor pasivo urgido de un conglomerado de necesidades, elaboradas e impuestas en la mayoría de los casos por las industrias culturales y la presión social, en un sistema de relaciones obedienciales donde se hipoteca su existencia y la de su descendencia. 

El ejercicio de la política opera en esta misma dinámica conductual al replicar, en toda su extensión, el andamiaje de influencias, presiones, usufructos e intercambios de tipo corporativista y mercantil. La política es concebida como actividad y espacio constituyente y especificador de relaciones sociales, procesos, instituciones, sujetos, valores, ideales, procedimientos, prácticas discrecionales (Romero, 2018a) y normadas, que se organizan, disponen y proyectan en torno al poder político como mediación fundamental para la resolución de carencias y conflictos públicos. En su expresión bancaria se transforma en un gran mercado que reduce las pautas morales y los derechos inalienables de los ciudadanos a la voluntad e intereses de los contribuyentes. La gestión pública regida por esta lógica se identifica con una tradición asistencialista, resuelta en modelos de intervención autoritarios verticales, centralizados, estadocéntricos, inflexibles, unidireccionales e hiperburocratizados. Aunque se exprese mediante un ropaje democrático, con leyes e instituciones aparentemente participativas, su reproducción social está minada de cortafuegos técnicos y cosmovisivos que obstaculizan los derroteros del ideal en el que se funda la democracia.

La política bancaria coopta y vacía de contenido la participación ciudadana a todos los niveles (Lefont & Ramírez, 2019). Su despliegue produce un denso tejido institucional encargado de aislar el ejercicio de poder de las prácticas sociales que formalizan al pueblo, bajo el supuesto de la necesidad de especialización técnica y división de funciones que agigantan, ralentizan y entorpecen las administraciones públicas. Diseñada y aplicada de este modo la actividad gubernamental, construye una jerarquía de valores y principios materializados en una red de significados y comportamientos consecuentes, mediante los cuales clausura y sataniza la obligatoriedad de fiscalización pública y de rendición de cuentas efectiva a la comunidad, percibiendo toda participación como intromisión desmedida e impertinente. Investidas las instancias gubernamentales de los poderes desbordantes del Estado e insertadas en la autoconciencia de su autoridad casi irrefrenable, evidencian e imponen límites que amplían su extensión y socavan los derechos y garantías que perciben como malestares culturales subversivos ante su esquema de ordenación social.   

Ahora bien, es necesaria e imprescindible una distinción del Estado y de sus dimensiones, robustecidas en los sistemas políticos actuales. Ciertamente, el Estado se torna bancario al incorporar nuevas funciones y prestaciones que arrasan con la ilusión neoliberal supuesta en un Estado mínimo contraído a funciones policiacas y limitado a la represión de huelgas a modo de guardián nocturno. En el Estado no se reduce o culmina la política, su contenido no agota lo político. Con su existencia persisten las contradicciones sociales y pueden llegar a magnificarse, incluso, en su expresión más irreconciliable. Por esta causa se alude a la política bancaria y no al Estado bancario. Este es una parte de aquella, su centro de gravedad, pero no la totalidad que integra sus más variadas manifestaciones.

La mayor parte de las Ciencias Políticas modernas y contemporáneas subliman el carácter del Estado o del poder materializado en sociedades no estatales, convirtiéndolo en su objeto fundamental casi exclusivo. Esta tendencia ha llevado a la simplificación de los complejos procesos sociales y a la subestimación de nexos, dinámicas, espacios y actores no estatales. A ello debe agregarse que esta institución es un resultado del desarrollo social y no a la inversa. El Estado es la sociedad organizada, por tanto, aunque la evidencia empírica actual muestre su relativa autonomía y fuerza ante la sociedad, con capacidad para alejarse en alguna medida de esta, depende de los flujos de consensos vertidos institucionalmente en torno a la reproducción de la vida en la sociedad y no a su naturaleza intrínseca.

El Estado no es otra cosa que la legitimidad desprendida del ciudadano hecha institución, orientada en lo formal, es decir, amparada de todos los recursos legales, políticos, económicos, culturales, tecnológicos y espirituales posibles, para regular, por vías violentas, no violentas, en términos simbólicos y materiales, el curso de sus libertades. La política, bancaria o no, contiene su existencia factual y el conjunto de procesos e instituciones que determinan su formación, legitimación y reproducción permanente como un sistema de relaciones sociales específicas, por tanto, diferenciadas. La identidad de la política, en su manifestación neoliberal, se define, además, por la elevación de los controles hacia los ciudadanos; la inmunidad de su razón, que alcanza estatus de constructos absolutos incuestionables y subordina toda moral a sus designios; la justificación irrestricta de la lógica de mercado como instrumento esencial para la regulación y coordinación social; y la intolerancia hacia la diversidad constituida en el universo social. 

El efecto mayor de la política bancaria -aunque este sea tal vez su objetivo fundamental- no se ubica en la contención y limitación del pueblo para acceder a zonas de poder donde se definan las decisiones. Su alcance más terrible radica en que el modo de organizar y regular los procesos sociales se establece desde pautas culturales homogéneas, monolíticas y lineales. Apuntalada por el mercado, el Estado y la asunción acrítica y desproporcionada de las comunidades, principales reguladores de las sociedades modernas, al decir de Romero (2018b), la política bancaria o neoliberal en su manejo y expansión produce relaciones, valores y ciudadanos homogéneos, desprovistos de otros rasgos identitarios de valor que no sean los asignados de forma violenta por el orden de las cosas. A ello se ajusta la idea discriminatoria y excluyente de minorías que, paradójicamente, representan y conforman la mayoría, en cuanto a sus particularidades raciales, étnicas, religiosas, ideológicas, lingüísticas, etarias, territoriales, de género y de otras naturalezas y orientaciones.   

El ciudadano es homogeneizado; se reduce y simplifica, en lo cultural y en lo político, a una condición de consumidor desgarrado, desechable e insatisfecho, solo necesario por ser depositario de un voto contable. Los controles sociales van a limar y amoldar todos los elementos culturales identitarios en los que se particularizan los ciudadanos. Estas especificidades ontológicas son asumidas como ásperas reminiscencias residuales que necesitan ser reducidas a su mínima expresión, o aprovechadas como punto de partida para la obtención de fines, a través de su transformación en valores de cambio, mercancías, cuando no pueden hacerlas desaparecer por completo. La homogeneización cultural desnaturaliza al ciudadano en su propio ecosistema, lo hace, en cierta medida, ajeno e irreconocible al proyecto de existencia anclado en las posibilidades y horizontes arraigados históricamente en un amplio espectro de alternativas que marcan las opciones de su identidad comunitaria e individual. Este proceso cultural y civilizatorio inhabilita al sujeto de la comunidad como un ser extraño, antropológicamente distante e incapacitado para captar y asumir con organicidad patrones distintos y en consecuencia adaptarse por completo a entornos culturales diferentes que lo personifican como otredad excluida.          

Este modo de homogeneización estandariza al ciudadano, cercena el orden cosmovisivo de los pueblos y relativiza sus valores haciéndolos susceptibles a la descalificación de su mundo interior y al bombardeo sostenido de hábitos consumistas portadores de concepciones artificiales, que fijan e imponen una pseudocultura –o cultura chatarra- a gran escala. La arquitectura multiforme de la violencia cultural homogeneizadora se enquista en todo el tejido social de la política bancaria y se revela como una existencia foránea, extraña y opresiva hacia el individuo y al conjunto de relaciones donde se realiza.

La coacción sostenida, resultante de los imperativos vinculantes, discrecionales o normados, asume la diferencia como desórdenes civilizatorios esquizoides, de forma tal que produce un rompimiento permanente entre el sistema político-jurídico institucional y la matriz identitaria en la que se presenta el individuo (Serrano, 1993). La imposición totalizadora transforma en subalterno al ciudadano y le provoca una enajenación política crónica de proporciones inconmensurables. A ello se deben los elevadísimos índices de abstencionismo político, de apatía y quietismo ante los conflictos económicos o culturales, la desmovilización social y la pérdida significativa de la confianza en la política y sus instituciones para prever y gestionar soluciones eficientes y duraderas en el espacio público.

Ante estas circunstancias, hoy universales, las alternativas a poner en práctica deben enfrentarse no solo a las demandas acumuladas de pueblos y grupos humanos determinados, sino también, de forma simultánea, a los vicios y deformaciones devenidos en hábitos comunes en el ejercicio de la política. Enfocadas en esta perspectiva crítica, se presentan las políticas públicas como herramientas estratégicas gubernamentales con capacidad para reorientar el curso de la gestión pública tradicional y para rehabilitar espacios y actores excluidos en el diseño e ejecución de acciones dirigidas a lo público por parte de las administraciones.

Las políticas públicas tienen como objetivos reducir el costo de la política y de las instituciones gubernamentales; aumentar la eficiencia administrativa de la gestión pública; restituir el lugar de la política como instrumento armonizador, que garantice equilibrios sostenidos entre el mercado, el Estado y las comunidades, en contextos donde las relaciones mercantiles o estatalizadas se absoluticen y distorsionen lo público y aumentan los índices de credibilidad, confiabilidad y, en consecuencia, legitimidad del sistema político. Para conseguir estos fines parten de dos postulados teóricos fundamentales:

I. La política representa una actividad que concierne -en su proceso, resultados, las diversas formas de retroalimentación y evaluación- a la totalidad de los ciudadanos que constituyen la comunidad. La política como ejercicio de todos, y no de minorías empoderadas o de burocracias expertas, exige una distribución compensada entre cuotas de poder y cuotas de responsabilidad entre los distintos actores, para enfrentar los retos que atentan contra la estabilidad y el bienestar de la comunidad en general.

II. La identidad a la que se adscriben los sujetos, por la que definen su existencia como grupos diferenciados en el devenir de su propia historia, no constituye obstáculo para el ejercicio de la política, sino referente potencial para hacer de esta y de lo público espacios de encuentro, de diálogo y consenso; afincados en la realidad de sus participantes en vista de la superación de los conflictos, el mejoramiento de las condiciones de vida y la afirmación de las identidades particulares.

Las políticas públicas no son camisas de fuerzas extracomunitarias (Ramírez & Lefont, 2019), elaboradas e impuestas a nivel institucional –desde arriba- al margen de los actores involucrados en la solución de los problemas. Solo existen y se puede hablar de una política pública cuando los beneficiarios primarios potenciales, referidos en grupos vulnerables, en contacto con otros actores, donde se incluyen necesariamente a expertos, en coordinación y bajo la gestión propia de los gobiernos, se impliquen de tal forma en el diseño, implementación y evaluación del curso definido en procesos de concertación, que aporten y se constituyan como sujetos proactivos frente al cumplimiento de los objetivos preconcebidos. Las soluciones y estrategias a seguir deben salir del seno de la comunidad a partir de las particularidades identitarias que contribuyan a su desarrollo pleno. Si como bien afirma Romero Cano, “una política pública en cuanto a su rango de acción es una política enfocada en una problemática específica y en un segmento específico de la población” (2018, p.44), toca a este sector la promoción de alternativas resultantes de su propia dinámica social atravesada transversalmente por su constitución identitarias.

Ahora bien, se conoce que no todas las prácticas culturales producidas e identificadas con un pueblo se tornan funcionales o favorecen su desarrollo económico e integral. Incluso, existen pautas culturales resultantes de largos procesos de acumulación, de violentos y radicales virajes históricos, de resistencia o evasión civilizatoria que, bajo el ropaje de especificidades identitarias, frenan el libre desarrollo y la concurrencia de los actores y procesos que se orientan hacia el cambio. La identidad de un pueblo -expresada como conjunto de rasgos adquiridos y producidos en el tiempo y devenida en naturaleza cultural inherente al ser humano- ha de justipreciarse por la capacidad de creación de las comunidades ante las fuerzas naturales y sociales que se presenten aparentemente incontrolables y caóticas y que le permita humanizar su existencia y el entorno que garantice sentar las bases para este proceso.

CONCLUSIONES

Las políticas públicas se avienen también como procesos racionalizadores y críticos de las particularidades que obstaculizan el desarrollo integral y como aceleradores de prácticas reconstructivas de las identidades comunitarias. Al ser la identidad un sistema abierto y autorreferencial de cualidades sedimentadas y mutables, en constante transformación, sin perder los elementos distintivos que permanecen por su funcionalidad material y espiritual, el cambio para poder existir y sobrevivir exige de instrumentos sólidos e integrales que permitan movilizarse en su constitución de comunidad política, tecnológica, cultural, económica y espiritual. Las políticas públicas posibilitan las mudanzas necesarias porque su puesta en marcha demanda de la participación colectiva y comprometida de actores diversos que sostengan, en la confluencia de sus prácticas, valores y proyecciones, la perspectiva de futuro de la comunidad.

Así, se perciben como estrategias realizadas al detalle de las urgencias particulares de determinados grupos humanos. Se trata de la hechura precisa, coordinada y planificada de un sastre –que hace alusión en este símil a la comunidad misma o a la parte de los actores implicados como industria de sastrería- que diseña, mide, corta y empalma las partes, socializa y justiprecia sus resultados conforme a las necesidades y exigencias identitarias-civilizatorias más exactas y permite, en ese movimiento, construir referentes organizacionales y axiológicos que posibiliten orientarse hacia otros problemas y dificultades del mismo modo. Incorporadas por la vía gubernamental, las políticas públicas pueden llegar a ser absorbidas por el metabolismo social y definirse como un elemento particular -a través de las formas en las que sean implementadas y reinventadas- que identifique las acciones y estrategias de las que disponen los pueblos para gestionar sus demandas.     

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