https://orcid.org/0000-0002-7533-6399
1 Universidad de Sancti Spíritus
“José Martí Pérez”.
Sancti Spíritus, Cuba.
² Universidad de Ciencias
Médicas. Sancti Spíritus,
Cuba.
El artículo se deriva del proyecto de investigación institucional “Fortalecimiento de la articulación entre la Sede Central y los
CUM con los gobiernos locales
y provincial, para el impulso
del desarrollo local en la provincia
de Sancti Spíritus”
RESUMEN
En
el nuevo diseño institucional cubano las Estrategias de desarrollo Territorial
y Local se instituyen como
instrumentos políticos y administrativos que contienen y condensan el núcleo fundamental de la gestión pública. Desde
este entorno se abre el sistema
político cubano a la posibilidad de diseñar e implementar políticas
públicas a partir de las especificidades gubernamentales y estatales de la nación. Por vez primera, las políticas públicas
son consideradas en el proyecto socialista cubano como instrumentos idóneos
para desarrollar la gestión gubernamental, ampliar las bases democráticas del sistema y viabilizar las potencialidades municipales económicas desde la autonomía y la descentralización. El artículo centra
el análisis en el rol de los actores de conocimiento, especialistas o expertos en la hechura de políticas públicas.
Brinda una argumentación teórica orientada a
fundamentar o a establecer fundamentos lógicos necesarios para una futura taxonomía
de los expertos hacia el interior de las políticas públicas. Se aproxima a la definición de los contenidos
que singularizan las prácticas del conocimiento experto
y los límites necesarios para su ejercicio, siempre en tensión
con las formas convencionales,
rígidas, unidireccionales, y verticalistas en los que se materializa el poder constituido, los conocimientos
especializados de otros expertos y los saberes
tradicionales de las comunidades donde se encuentran. El objetivo del artículo se concibe a partir de la necesidad de
instituir públicamente al conocimiento experto
como el más necesario de los recursos
a disposición de las administraciones públicas para un ejercicio eficiente, eficaz, expedito, ágil,
transparente y sostenible de gobierno local y territorial.
Palabras clave: conocimiento experto; inteligencia colectiva; gobernanza; políticas públicas.
ABSTRACT
In the new Cuban institutional design,
the Territorial and Local Development Strategies are instituted as political and administrative
instruments that contain and condense
the fundamental core of public management. From this environment, the Cuban political system is opened to the
possibility of designing and implementing public
policies based on the governmental and state specificities of the nation. For the first time, public policies are considered in the Cuban
socialist project as ideal instruments
to develop government management, expand the democratic bases of the system and make viable the municipal economic potentialities from autonomy and decentralization. The article focuses
the analysis on the role of knowledge
actors, specialists or experts in public policies
making. It provides
a theoretical argument aimed at substantiating, or
establishing logical foundations necessary for a future taxonomy of experts within public policies. It approaches
the definition of the contents that
singularize the practices of expert knowledge and the limits necessary for its exercise, always in tension with
the conventional, rigid, unidirectional, and top- down forms in which the constituted power, the specialized knowledge of other experts
and the traditional knowledge of the communities where they are located materialize. The objective of the article
is conceived from the need to publicly institute expert knowledge as the most necessary of the resources
available to public administrations for an efficient, effective, expeditious, agile, transparent and sustainable exercise of local and territorial government.
Keywords: collective intelligence; expert knowledge; governance; public policy.
INTRODUCCIÓN
El
presente artículo desarrolla un análisis complejo sobre políticas públicas
donde dialogan, en un mismo giro, la
crítica teórica a la literatura existente sobre esta cuestión en Cuba y la determinación del rol de los expertos
en el proceso de elaboración y ejecución de las
políticas públicas enfocadas al desarrollo local.
En este sentido,
no sólo está concebido para profundizar la cuestión teórica
e identificar dificultades,
encasillamientos y dogmas que se sostienen y reproducen acríticamente. Aspira, además, a contribuir con una
argumentación en torno a los límites
y contenidos prácticos de los analistas de políticas públicas destinadas al mejoramiento de las estrategias de desarrollo municipales. Debido a que la producción teórica que se viene
desarrollando en los últimos cinco años es prolífera, a raíz de los nuevos lineamientos de la política social y
económica y de los cambios introducidos en áreas fundamentales para el gobierno,
los señalamientos y sugerencias
se enfocarán esencialmente en textos que presentan el objetivo de brindar un conjunto de herramientas
mínimas pero imprescindibles para contribuir
desde lo metodológico y lo teórico con el desarrollo
local.
Los
criterios de selección para el análisis de estos textos se encuentran, en
primer lugar, en que aspiran
a ser o brindar herramientas metodológicas, teóricas y prácticas imprescindibles para el desarrollo local en Cuba. Constituyen lo más cercano a un manual de herramientas y
procedimientos para implementar políticas públicas
y las estrategias mismas de desarrollo local a niveles de municipios y de territorios. De forma general,
este trabajo da cuentas de carencia de una metodología en el país para la
implementación de políticas públicas, imprescindible para la verdadera ejecución de un gobierno con base en la
ciencia y la innovación. Tras la necesidad de contribuir con esta urgencia, el artículo tiene como objetivo general brindar consideraciones
específicas de las políticas
públicas, el rol de los expertos en estas
y sobre el desarrollo local.
DESARROLLO
Las
políticas públicas constituyen tecnologías administrativas y organizativas que desarrollan los gobiernos para dar soluciones específicas y racionales a las contradicciones y necesidades de las
sociedades donde se enmarcan. Devienen herramientas para el uso de los gobiernos locales presentando, de manera implícita
y explícita, una naturaleza de alcance esencialmente municipal o territorial no universalizable,
debido a dos determinaciones causales. Por un lado, no existen problemas
idénticos en sus manifestaciones, tendencias, contradicciones, corrimientos y mediaciones.
La
cuestión del fondo habitacional, por ejemplo, que constituye una problemática global en Cuba, difiere en las
manifestaciones particulares en la que se expresa por cada región, provincia y municipio. En el país existen ciudades
que datan de cinco siglos y otras que apenas cuentan con seis
décadas. Las variables del tiempo de vida
y el material constructivo, así como su accesibilidad y disponibilidad, que
varían, son esenciales y deben tenerse en cuenta para las labores
de construcción, restauración y mantenimiento. Existen
distribuidas por todo el archipiélago comunidades en zonas costeras, industriales, montañosas, pre-montañosas, cenagosas
y ubicadas en el llano.
La zona oriental
concentra la mayor parte de las actividades sísmicas y las tormentas
tropicales de alta intensidad tienden a impactar en mayor medida la zona occidental. La protección y el manejo del
hábitat en el Municipio La Habana Vieja, uno de los que cuenta con mayor densidad
poblacional en Cuba, difiere substantivamente en comparación con los municipios Cabaiguán, situado en la provincia
Sancti Spíritus en la región central, o Guamá, montañoso
y costero, ubicado
al sur de la provincia
Santiago de Cuba en la región oriental.
Toda política pública debe
nacer de un diagnóstico profundo y de una definición estricta de los problemas en su expresión inmediata,
directa. Una política global, homogénea, es una
política de Estado, incluso una política social, pero nunca una política
pública (Lefont, Álvarez
& Ramírez, 2020).
En segundo lugar, el centro neurálgico de toda política pública está
constituido por el aumento de la
efectividad del gobierno como resultado de un uso racional de los recursos
disponibles siempre escasos
(Aguilar Villanueva, 2010) a partir de la partición
en múltiples niveles de profundidad de diferentes actores estructurados en consensos
definidos y deliberados desde la diversidad de intereses y necesidades en juego. Las políticas públicas están
hechas de consensos múltiples y complejos que dan cuenta de mayor legitimidad y eficiencia frente a los excesivos usos verticales y autoritarios de las administraciones tradicionales centralizadas. La política
pública se hace –formula, diseña, implementa, corrige, reorienta y evalúa- en la confluencia de múltiples actores que
son afectados en diferentes niveles y formas,
y en consecuencia, potenciales beneficiaros (Bertolotto, 2004).
Es
inadecuado entonces, por la contradicción lógica y material irreconciliable que supone,
o por la tautología que reproduce, referirse
a política pública
nacional o local.
No debe perderse de vista que la política pública:
(…)
se produce en un espacio público que incluye al Estado y al gobierno, pero los trasciende por el carácter
colectivo de las acciones y decisiones que
se adoptan, la multiplicidad de actores que pueden –deben- intervenir y el
carácter focalizado de las acciones (Azcuy et al., 2020, p.85).
Cuando se alude a una política pública, se hace referencia inmediata e
inequívoca al nivel local o al
territorial por la dimensión focal de su alcance. Ahora bien, puede existir
una política de políticas públicas,
concebida a nivel nacional. La misma orientación a elaborar e implementar desde
las Estrategias de Desarrollo Municipal políticas públicas
enfocadas hacia la gestión del hábitat y el buen vivir en cada una de las localidades, el conjunto global
de estas políticas públicas materializarán una
política nacional de políticas públicas. Pero esta será siempre una
política de Estado debido a que, en lo fundamental, no se concertará, no concebirá acciones
inmediatas, no representará un esquema exacto para todos los espacios
y no comprenderá modelos evaluativos válidos para la totalidad de municipios en su rica y compleja
diversidad.
Con justa razón en Cuba existe el Plan
de Soberanía Alimentaria y
Educación Nutricional (Leyva, 2021),
un Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres (Ministerio de Justicia,
2021), y se trabaja en un Programa
nacional contra el racismo
y la discriminación racial (Espina Prieto et al., 2021), que constituyen la política oficial del Estado cubano para
responder a cada una de las problemáticas que aparecen
en la realidad. De cada plan o programa entonces,
pueden desprenderse políticas
sociales y políticas públicas pero no a la inversa. Sobre este debate
que, si bien podría parecer
exclusivamente teorético y conceptual, y en el que
se ha venido trabajando, es imprescindible en el orden práctico para determinar niveles
y alcances de responsabilidades y de estructuración de las diversas
dependencias de gobiernos en los complejos entornos de las instituciones
públicas. Fundamentalmente ante los nuevos
procesos de descentralización y redistribución de funciones y cuotas de poder que van a
dar paso a una autonomía municipal efectiva o no.
En
este sentido, ninguno de los Cataurito de herramientas (Guzón, 2011; 2020), hacen alusión alguna a esta precisión
teórica y práctica que enmarca y da contenido
propio a la política pública.
Tal omisión da cuentas de las terribles
dificultades cognoscitivas con que se encuentran las administraciones públicas
locales y territoriales para llevar a la práctica
la hechura de políticas públicas.
Es imprescindible entonces
implementar estrategias orientadas a la gestión
del conocimiento para desarrollar y habilitar los recursos cognoscitivos
con que cuentan los espacios locales.
Aunque el Cataurito de
herramientas (Guzón, 2011) resulta un folleto
extraordinario para el estudio de las Estrategias de Desarrollo Municipal
se hace necesario aproximarle
ciertas reflexiones marginales. No cuenta con un enfoque de políticas públicas. Se desarrolla desde una lógica
que privilegia el “qué hacer” en detrimento de las urgencias que presentan las localidades asociadas
al “cómo hacer”.
Es concebido desde un discurso
esencialmente academicista, pensado
para expertos en técnicas sociales o para estudiantes
de pregrados que se forman y especializan en estas áreas del conocimiento.
Los expertos
en el entorno de las políticas públicas
Los
expertos constituyen actores de las políticas públicas encargados de la gestión del conocimiento en cada una de sus fases.
Su misión y lugar están dados por las necesidades
de inteligencia que demandan, sin excepción, todas las acciones y estrategias de gobierno. El experto o
grupo de expertos, con que debe contar toda plataforma actoral
de políticas públicas,
tienen el objetivo
en primer lugar de transformar el entorno cognoscitivo
(Estébanez, 2004). De hacer del dato
empírico sumergido en las prácticas
de la vida cotidiana subsistemas de informaciones. Luego, articular, sistematizar y
contrastar estos subsistemas con teorías y enfoques científicos para crear nuevos conocimientos válidos, validables
y utilizables para el ejercicio de gobierno.
El
actor de conocimiento o analista de políticas como también se les conoce,
escoge y aplica los modelos teóricos
que darán forma y lógica a los cursos de acciones que materializan la política pública. Se encomiendan a traducir la
realidad en códigos cognoscitivos, esquemas, teorías, principios, modelos,
enfoques, etc. para hacer más efectiva y con mayor alcance las
decisiones tomadas y las estrategias definidas
dentro de las fases de la política
(Valencia & Álvarez, 2008). A juzgar por la relación entre el rol cognoscitivo que
presupone una especialización en un campo de la ciencia y la función social en el ejercicio de profesiones
específicas, los expertos pueden dividirse en dos grandes grupos (Lefont,
Ramírez, 2020).
Por
un lado, se encuentran los expertos generales o expertos de gobierno. Estos se especializan en cuestiones asociadas
al mejoramiento, diseño,
evaluación y rectificación de las prácticas
en torno a la gobernanza. Estudian y buscan las mejores
opciones, discriminan los itinerarios que fracturan u obstaculizan la optimización
de los recursos, realizan estudios poblacionales, y aportan técnicas, instrumentos, y tecnologías para perfeccionar la gerencia pública.
Desarrollan investigaciones comparativas, aplicadas y exploratorias, además de brindar
experiencias e innovaciones para la racionalización de procesos
que contribuyan con el aumento de la efectividad del gobierno.
En el contexto de los municipios en Cuba, este tipo de expertos puede
encontrarse en varios espacios, entre
las cuales podrían mencionarse: instituciones culturales, centros
de estudios, Centros
Universitarios Municipales, siendo estos los más extendidos y en consecuencia sobre los que
recae mayor responsabilidad en esta labor.
Así mismo, pueden devenir expertos generales los funcionarios de las oficinas de estadística e información también
desplegadas por todo el país, los investigadores y especialistas en áreas de
dirección, gobierno, procesos políticos, etc., que se encuentran en las universidades, los asesores de los gobiernos
municipales y provinciales, así como funcionarios de las organizaciones de masas.
En
esta amplia gama, lo más conveniente es diversificar el grupo de actores de conocimiento. En la medida en que tengan
mayor participación un número más amplio
de analistas, las posibilidades de orientar cursos de acciones eficientes y de alto impacto se elevan. El trabajo
transdisciplinar de estos permitirá adecuar las políticas de Estado, en tanto planes y programas, a la
implementación coherente y adecuada de las políticas
públicas, por un lado. Por otro, allanará
el camino para un
diálogo más articulado, asertivo y democratizador entre las diferentes
dependencias de gobierno, las instituciones públicas
y la ciudadanía.
Por otro lado, el actor de conocimiento específico es aquel profesional al que se le solicita
conocimiento experto, debido a que por el área del saber o tecnológica
en la que se desempeña posee el recurso
cognoscitivo necesario para satisfacer las demandas particulares de inteligencia que presenta la política pública
a desarrollarse.
Forman
parte de este grupo de analistas
específicos para las políticas públicas, todos los especialistas, técnicos, ingenieros, desarrolladores, investigadores y funcionarios que se encargan de mantener
los procesos tecnológicos, industriales, organizativos,
científicos y económicos-productivos de toda la sociedad. En este sentido,
el tipo de política pública define
sus demandas de inteligencia.
En el contexto de la realidad municipal cubana, y para el caso de
interés de este trabajo, los expertos
específicos para una política pública orientada a la gestión del hábitat, por ejemplo, se comprenden en los
técnicos, especialistas y directivos de instituciones
como Vivienda, Planificación Física, el Arquitecto de la comunidad, así como todo el personal técnico-productivo
de las Unidades Empresariales Básicas de las
empresas pertenecientes al Ministerio de la Construcción y de todas las
brigadas constructivas habilitadas por diferentes organismos en el municipio.
Asimismo,
es pertinente la participación, en condición de actores de conocimiento, todos los especialistas municipales y territoriales del CITMA, además de los funcionarios vinculados a las oficinas
de gestión de riesgos anexas a las administraciones públicas
en todos los municipios en Cuba. Estos expertos específicos, por las funciones que
desempeñan, concentran y administran la mayor
parte del conocimiento especializado sobre la gestión del hábitat en el
espacio local. Su presencia en la
hechura de las políticas contribuye no solo por el conocimiento que aportan, del cual se conformarán mejores decisiones. Como un valor agregado,
pues también constituyen ciudadanos, permiten
con su labor una participación mayor en la formulación de las decisiones y en el control de los
recursos con que cuentan las administraciones públicas.
No
obstante, y esto es imprescindible precisarlo, aunque los expertos estabilizan
y posibilitan crear nuevos
equilibrios que eviten las polarizaciones entre la sociedad civil y el gobierno a partir de las
estrategias de intervenciones transversales que promueven, su participación no puede asumirse
de tal modo que desplace
la participación de la
ciudadanía. En estricto sentido, solo puede hablarse de una política pública cuando el ciudadano en su
doble condición de vulnerado-potencial beneficiario,
participa en cada una de las fases de la política articulado con los expertos y el gobierno. Otra precisión
necesaria se encuentra en el hecho de que los
actores de conocimiento, generales o específicos, no substituyen o
asumen las funciones propias de la
burocracia del gobierno, es decir y valga la redundancia, de los funcionarios profesionales.
Todos los actores que forman parte de la política tienen roles
específicos que se enriquecen
mutuamente y engrosan dando paso a la posibilidad de conformar un gobierno
colectivo, resultado de las múltiples
inteligencias que integran
las sociedades y del encuentro
desde acciones colectivas, de un poder popular fundado en una confluencia multiactoral que rehace y revitaliza lo
público. Sin embargo, la propia especialización de los mismos roles establecerá formas distintas de participación
a través de cada una de las fases de la política. Esto significa que no todos participan en el mismo sentido y
profundidad en cada una de las etapas del proceso.
Al
respecto del manejo teórico de las políticas públicas y del lugar que en ellas ocupan los expertos, desarrollado en el
Cataurito de
herramientas para el desarrollo local 2, se precisan dos observaciones críticas. Por un lado,
tanto Guzón (2020), como el resto de sus autores
reproducen un esquema de Estrategia de Desarrollo Municipal en el que no se encuentran las políticas públicas.
Fig. 1 Esquema de las líneas
estratégicas dentro del ciclo de la Estrategia
de Desarrollo Municipal del Cataurito de herramientas para el desarrollo local 2
No es casual entonces, la falta de un pensamiento complejo y
estratégico en los municipios para la
conformación de las políticas públicas que darán contenido a sus respectivas estrategias de desarrollo. La ambigüedad y simplificación de este esquema y de la fundamentación teórica que
le acompaña deviene determinación causal,
no la única, de las carencias y dificultades asociadas a los procesos de demanda de inteligencia sobre –y en- las políticas públicas que se gestan
en el teatro político y
administrativo de operaciones locales. La primera imprecisión se encuentra
en la ausencia de definición de lo que asumen como política local.
Siguiendo
esta lógica, los municipios cubanos han avanzado significativamente en la hechura de proyectos y programas
orientados al desarrollo social y local. El mismo Proyecto Hábitat, dedicado a la gestión y mejoramiento de los
espacios habitados y habitables por el ser humano, representa uno de los más consolidados en el país.
En consecuencia, si los proyectos y programas forman la parte
fundamental de las políticas públicas,
y presentan un despliegue bien establecido en todo el país, luego no hay nada que hacer. Pues ya
existen las políticas públicas que necesitan las localidades para impulsar sus respectivos desarrollos, en tanto
se comprenden como políticas públicas
justamente lo que se
viene haciendo.
Esta
perspectiva no sólo distorsiona el sentido y la esencia de las políticas
públicas asumidas como forma de
organizar y orientar las acciones y decisiones en torno a la resolución de necesidades del sistema
político en donde intervienen tantos actores
como exija la complejidad del problema. Hace responsable además a las
políticas públicas de las malas
prácticas y modos tradicionales –viciados- de reproducir lo público
basados esencialmente en el gobiernocentrismo. Más aún, cierra la posibilidad en medida significativa de
implementar cambios profundos en la gestión pública
local, tal y como ha venido ocurriendo en la práctica real de gobierno en los municipios. Tanto los proyectos como los
programas, –en un intento por enmendar estos
desaciertos que no poco inciden en la realidad política y administrativa local- pueden y deben ser parte de las políticas
públicas, dado que la política pública ha de
constituirse como la política de gestión pública del municipio. Pero
ello no debe obviar que las políticas
públicas cuentan con una lógica de formulación, diseño, implementación y evaluación que le es propia, la cual le brinda
especificidad.
Estas
representan cursos de acciones, informaciones y decisiones planificadas y discrecionales, flexibles, que comprenden
una amplia gama de posibilidades frente a contingencias, pues no todo en la administración puede o está sujeto a una planificación precisa. Las políticas
públicas son evaluadas en el mismo proceso de su desarrollo y constituyen resultado de la
confluencia protagónica de múltiples actores que van a dar nuevos contenidos y
sentidos a la gerencia pública. En este sentido,
vertebra toda la estrategia de desarrollo del municipio. Es una política – conjunto de acciones u omisiones públicas-
que tiende necesariamente hacia el cogobierno
a partir de la formalización de nuevos tejidos entre múltiples actores que se han de transformar en sujetos, sobre todo los grupos vulnerados y vulnerables.
Ni
proyectos ni programas posibilitan una acción pública del ciudadano más allá de las fronteras trazadas por el contenido
particular de los objetivos que persiguen. Por
sí solos no permiten la construcción material y simbólica de un nuevo
marco de referencialidad entre el
ciudadano, como actor que deliberadamente funda con sus actos una práctica
cotidiana de ciudadanía, y lo público.
Se afincan en la reproducción básica de la sectorialización y desarrollan dinámicas
corporativas estrechas, limitadas
a su objeto social, que no contribuyen a la participación ciudadana en el ejercicio democrático del gobierno. Tanto programas como proyectos
tienen su encargo económico, cultural o político específico y su valor está determinado por la capacidad de cumplir con sus objetivos preestablecidos.
Desde
esta argumentación no se establece una jerarquía o un orden lógico preciso entre líneas estratégicas, políticas públicas, programas
y proyectos, por lo que deja a libre interpretación de las
administraciones locales el lugar y el tipo de nexos que cada una debe establecer en el universo de la Estrategia
Municipal. Lo que se ha venido haciendo,
fruto de la propia gobernanza vertical –burocrática- que se pretende
también superar, es la asunción
exacta del orden consecutivo que establece
el texto de la Política. Ahora bien, la complejidad aparece cuando se enumeran las etapas que brinda la guía, contenidas y ordenadas
sucesivamente a partir de la: “1.
Preparación; 2. Análisis estratégico; 3. Propuesta y aprobación; 4. Proyección y aprobación de programas e
identificación de principales proyectos; 5. Implementación;
6. Monitoreo y evaluación.” (Ministerio de Economía y Planificación, 2020,
p. 16).
Como
se pone de manifiesto, si bien el enunciado anterior concibe las políticas públicas,
al menos mal comprendidas o asumidas en un círculo
vicioso al identificarlas como locales, cuando se definen
las etapas desaparecen completamente dejando su contenido como un vacío activo que
exige concebirlas pero que no encuentran aún lugar, contenido
y precisión específica. Por tanto, lo más oportuno desde la urgencia de las
administraciones públicas consiste en la reproducción
abierta del error originado en la academia de los Cataurito, debido a su falta de crítica teórica y a la asunción
del relativismo extremo que existe en torno a
las políticas públicas en casi todas las tradiciones académicas que se
encargan de estudiar este objeto en la
actualidad.
Si
bien esta es la única referencia que se realiza en torno a los actores, en
donde no se alude a los expertos, la lógica del enunciado encubre
un hecho de mayor gravedad. Este enfoque está trasladando al
análisis de políticas y haciendo traslucir como política
pública las mismas
prácticas y perspectivas de la política
de Estado, en la que solo el gobierno hace la
política y el resto de los actores puede influir –o no- desde una
condición pasiva de ente externo al quehacer mismo de la política. La construcción lógica y gramatical que
presenta el hecho de que estos actores pueden
influir en la constitución de la política
supone que esta puede privarse
completamente de aquellos.
Sobre este particular de la participación protagónica ciudadana, la producción científica-academia de los Cataurito
(Guzón, 2011, 2020) se encuentra
completamente rezagada frente a la perspectiva que defiende la misma Política para impulsar el desarrollo territorial (Ministerio de Economía y Planificación, 2020). A juicio
de esta se debe en los municipios:
Contribuir
a la conformación de un sistema de gestión local que incorpore al sistema de trabajo
la perspectiva estratégica que articule lo vertical-sectorial y lo horizontal- territorial, superando la lógica de acciones y proyectos aislados
en favor de una visión integral del desarrollo. Priorizar
la participación y el control
popular en todas las etapas del proceso: diseño, implementación, seguimiento, evaluación y actualización. (Ministerio de Economía y Planificación, 2020, p. 15)
No sólo se trata de la participación ciudadana, sino también del
control que esta pueda ejercer como
fundamento de la transparencia y de la democracia en tanto contrabalanza fundamental al poder establecido, de modo
tal que pueda fijar y ampliar
las bases del poder popular.
En esto posiblemente se ubica la mayor complejidad de las políticas
públicas. El hecho de que proponen la
creación de dinámicas y patrones conductuales diferentes contenidos por la participación, el diálogo y el consenso,
fija las bases del cogobierno, y de una democracia para el
socialismo sin adjetivos significantes, pero
esencialmente substantiva y robustecida, que supone la paulatina
superación del enfoque vertical-sectorial para dar paso al territorial-integral con base en la participación ciudadana. Para ello es imprescindible un gobierno local fuerte, corresponsable, proactivo, coprotagónico,
flexible y desplegado sobre estructuras de resiliencia bien establecidas
(Díaz y Valdez, 2018)
En
consecuencia, constituyen justamente las organizaciones profesionales,
políticas, de masas y otras, en
cooperación con el gobierno quienes
se encargan de formular, implementar,
evaluar y renovar o cesar la política pública en tanto estrategia misma de desarrollo municipal. Cada actor
propone y aporta los recursos con que cuenta,
incluyendo los actores vulnerados, quienes deben ser parte activa de las
soluciones. De este modo se
materializa la política pública como un proceso más rico y con mayores
potencialidades que hace de la administración pública
una institución interactiva, más democrática.
CONCLUSIONES
Las políticas
públicas para la gestión del desarrollo local, como toda política y gestión
de gobierno actual, exigen de la participación de actores de conocimiento; su lugar está definido por la necesidad de
inteligencia que demandan las estrategias gubernamentales
frente a sociedades cada vez más complejas y ante la carencia de recursos que obligan a un uso
cada vez más racional. La conformación de grupos de expertos específicos y generales como
parte de la plataforma multiactoral de las políticas
públicas posibilita concebir estrategias efectivas en donde se establecen equilibrios entre todos los actores del
proceso. La posibilidad de articular actores
diversos que aporten sus recursos, también cognoscitivos, puede ampliar
las bases democráticas del sistema
político a nivel local, contribuir al desarrollo local y a una mayor efectividad de la gestión
de gobierno desde la implementación de sus estrategias de desarrollo.
Los expertos detentan las potencialidades de constituirse en
actores-canales de datos,
informaciones y conocimientos válidos para la optimización de las políticas públicas y de la gestión gubernamental en
sí misma; su presencia es una necesidad ineludible
y la formalización de su lugar representa un reto para la gestión pública local y territorial en Cuba. Se trata, en
este sentido, de abrir un nuevo camino democratizador
de la acción de gobierno, donde el conocimiento sea asumido como el primer y más importante recurso que ha
de gestionarse y protegerse en función de establecer estrategias coparticipativas y corresponsables entre el tejido y las dependencias de gobierno y la sociedad
civil en cada uno
de sus niveles y esferas.
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Contribución de los
autores:
LLM: Análisis crítico de las diferentes metodologías
propuestas en la bibliografía para la elaboración de políticas
públicas.
JCRS:
Conceptualización y caracterización
de la temática.
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BPR: Planificación estratégica del artículo así como en el análisis de los resultados.
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